La ciudad de Bogotá, en Colombia, recibió a representantes de doce países de América Latina el pasado 5 y 6 de octubre para analizar el estado y la realidad del contrabando en la región. Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero (ICHA), representó a la entidad en el evento.

El sector empresarial latinoamericano advirtió que el combate al contrabando no debe ser sólo de los gobiernos de la región, sino que requiere la colaboración de las agremiaciones y empresas que se ven afectadas. En este contexto, se creó la Alianza Latinoamericana Anticontrabando -ALAC- como una iniciativa del sector privado para colaborar con los gobiernos de la región en la reducción de este flagelo.

Para este propósito, la ALAC busca ser ese catalizador en la región que facilite el intercambio de información y genere alianzas estratégicas que trasciendan las fronteras de los países y la diferencia de roles entre los sectores público y privado.

El Primer Encuentro de Mesas sectoriales de la ALAC congregó a representantes de autoridades, gremios y empresas de 12 países latinoamericanos, quienes se reunieron para analizar el impacto del contrabando en los sectores de cigarrillos, licores, hidrocarburos, medicamentos, siderurgia-metalmecánica y acero, cerámica, textiles y confecciones, plásticos y calzado; sin perjuicio de que otros, a futuro, se integren al trabajo.

Producto de este análisis, se identificó un conjunto de veintidós recomendaciones de carácter transversal, algunas sectoriales y otras propuestas en torno a la institucionalidad de la ALAC.

“Lo que se identificó en este primer encuentro es que hay países muy avanzados en cuanto a procedimientos, documentos y estructura legal, pero a veces, en la práctica, esto no se ha implementado bien. También existen otras naciones que tienen bien desarrolladas sus estructuras para evitar el contrabando y que además estas funcionan, y hay países que no tienen nada”, cuenta Juan Carlos Gutiérrez.

Respecto del fortalecimiento de la cooperación público-privada se identificó:

1. Desarrollar mecanismos para la efectiva trazabilidad de la mercancía (referencias, etiquetas, por ejemplo) que permitan la identificación de los productos fabricados y comercializados en la región, que los diferencie de aquellos provenientes de otros hemisferios.

2. Establecer la figura de los observadores o veedores aduaneros en los países donde no existe y fortalecer el uso de los mismos en aquellos países donde ya está creada.

3. Armonizar y promover el uso regional de las declaraciones anticipadas como una herramienta que apoya a las autoridades aduaneras en el perfilamiento del riesgo.

4. Establecer un protocolo de intercambio de información entre las autoridades y el sector privado que permita un mejor acceso a los resultados de los operativos realizados y las sanciones impuestas.